Por Esteban JUÁREZ ORGANILLO
En una sociedad democrática, el futuro de los gobiernos no depende de la voluntad de una sola persona, sino de las decisiones que libremente expresan los ciudadanos a través de las elecciones.
El ejercicio del poder público implica una responsabilidad temporal. Quienes ocupan un cargo de elección popular reciben la encomienda de administrar los recursos, atender las necesidades de la población y trabajar por el bienestar colectivo durante el periodo para el cual fueron elegidos.
La continuidad de los proyectos públicos puede ser importante para el desarrollo de una comunidad. Sin embargo, esa continuidad debe distinguirse de los intereses particulares, pues las instituciones y los recursos públicos están al servicio de la sociedad.
En democracia, todas las personas tienen derecho a expresar sus preferencias políticas, apoyar proyectos y participar en los procesos electorales conforme a la ley. Pero ninguna autoridad puede sustituir con su voluntad personal la decisión que corresponde a la ciudadanía.
Los gobiernos son instituciones públicas que permanecen más allá de quienes temporalmente los encabezan. Sus programas, resultados y propuestas pueden ser evaluados y debatidos, mientras que la elección de sus futuros representantes corresponde a los ciudadanos mediante el voto libre.
Por ello, resulta fundamental fortalecer una cultura de participación, respeto a las instituciones, transparencia y rendición de cuentas.
La democracia se fortalece cuando se respeta la libertad de elegir, se reconoce la pluralidad de opiniones y se comprende que el gobierno es una responsabilidad pública, no una propiedad personal a final de cuentas el pueblo juzgará las acciones de cada gobierno municipal.